Informe elaborado en setiembre de 2025 por el Instituto «Marina Vilte» de la Secretaría de Educación de CTERA.
Este análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026 se presenta ante el Congreso de la Nación pocos días después de su presentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en setiembre de 2025 y muestra la profundización de la política de ajuste educativo que se propone implementar el actual gobierno, en continuidad con el desmantelamiento del sector público que viene realizando desde su asunción en diciembre de 2023.
Se destaca que este Proyecto vulnera las garantías para el financiamiento de la educación ya que, en su artículo 30º, establece la derogación de importantes disposiciones legales como: el artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52º de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional. Cabe recordar que en el Proyecto presentado para el año 2025 se había propuesto la suspensión de estos artículos por un año, y ahora se pide directamente su derogación.
El Proyecto de Ley plantea que el año 2025 cerrará con un crecimiento de 5,4%, aunque las estimaciones privadas hablan de una cifra menor (4,4%). De ser cierta esta estimación recién se estaría recuperando el PBI de 2022, después de dos años consecutivos de disminución y todavía tendríamos un PB per cápita inferior al de 2015. Para 2026 el gobierno prevé un incremento de 5% aunque ese escenario parece poco probable en función de la volatilidad macroeconómica actual, tal como se refleja en las menores tasas de crecimiento que prevén las estimaciones privadas que releva el BCRA.
A su vez, el Proyecto de Ley plantea que el presupuesto para la función Educación y Cultura será de 0,75% del PBI para 2026, muy por debajo de los valores históricos (1,41% en 2023; 1,66% en 2015).
En cuanto a la evolución de la participación de la función Servicio de la Deuda respecto al PBI en 2015 esta tenía una proporción similar a la de Educación y Cultura. A partir de 2016 los intereses pasaron a ser superiores, con el fuerte endeudamiento generado por la gestión Macri. Para 2026 el proyecto de Ley prevé destinar 60% más a los intereses de la Deuda que a Educación y Cultura, además debe considerarse que según distintos especialistas la participación de los Servicios de la Deuda en el presupuesto está subestimada.
En este Proyecto de Ley se verifica la disminución en términos reales del presupuesto en casi todos los programas de la Secretaría de Educación de la Nación; como por ejemplo en Infraestructura y Equipamiento (-84,4%), Becas a Estudiantes (-77,4%), Acciones para la Formación Docente (-71,2%), INET (-84,5%). Otros programas directamente desaparecen como el FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. En el caso de “Conectar Igualdad” fue devaluado a ser una “actividad” del programa “Infraestructura y Equipamiento” y tiene un 90% menos de recursos en términos reales que en 2023. El presupuesto para Comedores Escolares, incluido como una “actividad” dentro del programa “Gestión Educativa y Políticas Sociales”, disminuye un 10,6% en términos reales, también con respecto a 2023.